Izquierda-Ezkerra registra una Moción en el Parlamento de Navarra en la que solicita al Gobierno del Estado cumplir con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos IU en lo referido a desarrollar reformas para bajar el precio de la electricidad y corregir problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica provocada por el actual modelo de producción y consumo.

Izquierda-Ezkerra ha expuesto que el mercado energético heredado por el Gobierno actual estaba mal diseñado y pensado para la era de los combustibles fósiles, y aunque se han realizado numerosas reformas para una transición energética justa, queda camino por andar para acabar con un problema que es estructural. “Muchos defendemos la creación de una empresa pública, que aun no siendo la panacea, mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura de mercado y que ayudaría a bajar los precios”, han indicado.

La coalición formada por Izquierda Unida de Navarra y Batzarre ha recordado que en los dos últimos años las reformas ejecutadas han logrado reducir el precio del mercado de la energía en el mercado mayorista en torno al 40%, y que el acuerdo de coalición que sustenta el Gobierno del Estado establece unas líneas y medidas de trabajo que aspiran a resolver este problema de una vez por todas. “El gobierno de coalición debe seguir desarrollando reformas del mercado energético que corrijan las anomalías existentes, entre ellas la fiscalidad de las empresas energéticas y también nuevas formas para conseguir un sistema energético más justo y que proteja a los vulnerables, así como la apuesta por las energías renovables”, han indicado.

Por todo lo expuesto, la coalición de izquierdas ha registrado una Moción en el Parlamento de Navarra en la que, a lo largo de ocho puntos de acuerdo, solicita al Gobierno del Estado cumplir con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos IU en lo referido a desarrollar reformas para bajar el precio de la electricidad y corregir problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica provocada por el actual modelo de producción y consumo. “De igual manera instamos al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra con capacidad suficiente para ello, a que inicien los estudios correspondientes para la valoración económico-técnica de constitución de comercializadoras foral y locales que permitan a la ciudadanía acceder al suministro eléctrico a través de una compañía pública de electricidad sumándose a los proyectos realizados por otros consistorios”, han indicado.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

                        

 

Marisa de Simón Caballero, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, y para su debate y votación en la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial, formula la siguiente,

 

MOCIÓN

 

 

El pasado 7 de enero el mercado marcó un precio medio de 88,93€/MWh, con un pico máximo de 108,97€/MWh en la hora 20. Esta cantidad llevaba años sin registrarse. Sin embargo, a pesar de la gravedad de este hecho, que coincidía con una ola de frío sin precedentes en la Península, la situación empeoró.

A pesar de ser un precio altísimo, no es el precio horario más alto de la historia, pero sí lo era de la última década hasta que a la mañana siguiente el mercado eléctrico, en la subasta que realiza para el día siguiente, alcanzó un pico de 121,24€/MWh en la hora 21. Es decir, el sábado día 9 cuando las familias estaban en su casa en medio de intensas nevadas y lluvias torrenciales tratando de calentarse a las 21.00h y preparando la cena, pagaron por el MWh la friolera de 121€.

Esta situación es insoportable y responde a los intereses del oligopolio eléctrico y a un diseño del mercado ineficiente. Si bien es cierto que el frío aumenta la demanda eléctrica, la meteorología no estaba siendo muy propicia en esos días para la generación renovable (que suele ser la que baja el precio), que el CO2 está caro y el mercado del gas está disparado por coyunturas externas, esto no justifica que se estén alcanzando estos límites récord.

Lo que se está poniendo de manifiesto, de forma recurrente, es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración, lo hacen  ineficiente. Es por ello, que llevamos años denunciando este sistema de funcionamiento. Y gracias a esa labor de permanente denuncia se consiguió que en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se llegase al compromiso de reformar el actual mercado eléctrico.

Concretamente se plasmó en el punto 3.2, y desde nuestra fuerza política entendemos que ha llegado el momento de que el PSOE cumpla con sus compromisos e inicie una mesa de trabajo donde abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico para evitar estas distorsiones, que sólo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables.

Unos 11 millones de consumidores domésticos están acogidos a la “tarifa regulada” del PVPC, y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, se debe estar acogido a esta tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, y el riesgo de precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores.

Y esto es así entre otras cuestiones, por el ineficiente diseño que citábamos anteriormente, un modelo creado por el Gobierno de José María Aznar, donde los precios finales de la electricidad poco tienen que ver con los costes de generar la energía. El precio de la electricidad varía cada día porque se determina mediante un sistema horario que traslada las oscilaciones al consumidor final. Esas oscilaciones se deben a las dinámicas de oferta y demanda mundiales, por lo que un problema de abastecimiento de gas en Asia puede repercutir en nuestra factura.

Este sistema denominado “marginalista” implica que las energéticas tengan “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) porque cobran toda la energía ofertada al precio más caro de la “cartera” (pool). Algo parecido a vender tres productos al precio del más caro. Lo vemos con una analogía:

Imaginemos que queremos vender un mismo producto: un kilo de trigo. Para producir trigo necesitamos tierra, mano de obra y fertilizantes y máquinas, que varían de un sitio a otro y hacen que el coste de producir también varíe.

Imaginemos que un kilo lo producimos por 10€ en un campo muy fértil; otro kilo en otro sitio cuesta otros 20€; y un kilo más otros 100€. El sistema implica que venderemos cada uno de ellos a 100€ (el más caro): pagaríamos 300€ por 3kg de trigo cuyo coste conjunto es de 130€.

Ahora, imaginemos que en Japón demandan muchos fertilizantes. Al subir su demanda el precio sube también. Sube el precio del trigo más caro, el que más fertilizantes utiliza, a, por ejemplo, 500€. ¿Qué pasaría bajo este sistema que estamos analizando?

La respuesta es que esa subida de precio afectará a todo el mercado de trigo mundial, porque ahora todo el trigo se venderá a 500€, también el que cuesta 10 euros. Así se beneficiará a los productores de trigo más competitivos, incluso a los que no utilizan fertilizantes.

Esta analogía nos sirve porque es una versión simplificada de lo que sucede con la determinación de los precios de los “productos” energéticos: hidráulica, nuclear, carbón, etc. Desde el Gobierno se deben buscar las reformas que, siguiendo con la analogía, incentiven que se produzca más trigo a 10€. Se debe tender a que nunca haga falta echar mano del trigo de 100€ o 500€ porque será suficiente con el de 10€. Es decir, energía más barata para el consumidor.

En España el sector energético está dominado por tres grandes empresas, que tienen un gran poder de mercado. La composición social general de estas empresas es también problemática: años de conflictos de interés han puesto nombre a su poder. En los últimos años la labor de vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) se ha saldado con varias multas multimillonarias a las grandes empresas españolas por manipular el mercado, es decir, por encarecer ilegalmente el precio de la electricidad. Para asegurarnos de que no ha existido ninguna otra irregularidad, desde el Ministerio de Consumo se ha solicitado a la CNMC que informe sobre el comportamiento del mercado durante los últimos días.

La subida del precio de la luz empeora la situación de pobreza energética de las familias más vulnerables, por lo que estamos ante un severo problema social cuya solución debe ser una prioridad para el Gobierno.

El mercado energético heredado por el Gobierno estaba mal diseñado y pensado para la era de los combustibles fósiles. Por eso, y aunque se han realizado numerosas reformas para una transición energética justa, queda camino por andar. Por delante tenemos un problema que es estructural.

Muchos defendemos la creación de una empresa pública, que aun no siendo la panacea, se mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura de mercado. Es también un instrumento útil que ayudaría a bajar los precios. Por eso muchos defendemos su existencia. Con todo, en los dos últimos años las reformas han logrado reducir el precio del mercado de la energía en el mercado mayorista en torno al 40%. El acuerdo de coalición establece unas líneas y medidas de trabajo que aspiran a resolver este problema de una vez por todas.

Además, el gobierno de coalición debe seguir desarrollando reformas del mercado energético que corrijan las anomalías. Entre ellas está la fiscalidad de las empresas energéticas y también nuevas formas para conseguir un sistema energético más justo y que proteja a los vulnerables, así como la apuesta por las energías renovables.

En definitiva el Gobierno de Coalición debe centrarse en lograr reformas para bajar el precio de la electricidad y corregir problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica provocada por el actual modelo de producción y consumo.

Es por ello que se propone la siguiente,

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

 

1.-  El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno y acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.

 

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha Directiva.

 

3.- El Parlamento de Navarra instar al Gobierno de España a que se diseñe una tarifa regulada real y no desregulada y bajo criterios de mercado como la actual, que sustituya el actual PVPC.

 

4.- El Parlamento de Navarra muestra el apoyo de este Pleno e instar al Gobierno de España a revertir la privatización de empresas como ENDESA o REPSOL para crear una empresa con capital 100% público y gestión pública que impulse, de forma decidida, las energías renovables y la necesaria transición energética.

 

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a que acometa una modificación en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, o en la legislación equivalente que se promulgue, para incluir los siguientes ejes fundamentales:

 

-La recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado para poder ser gestionados desde el sector público en condiciones favorables para el interés común.

La agilización de los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos y su tramitación sin retrasos y sin caducidades.

-La tramitación del expediente a la administración hidráulica competente.

-La iniciación, de oficio, de los expedientes por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

-El expediente de extinción será informado por la Comunidad Autónoma y el Municipio o Municipios en cuyo ámbito territorial radiquen la central hidroeléctrica y las demás infraestructuras que formen parte de ese sistema de explotación hidroeléctrica.

-La administración hidráulica, cuando considere posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico y compatible con el plan hidrológico, acordará la reversión de las instalaciones del salto hidroeléctrico para su explotación.

-Tras la reversión de los saltos hidroeléctricos, y sin perjuicio de que la gestión técnica se siga desarrollando por empresas del sector, sus beneficios pasarán a ser de titularidad pública con criterios de vertebración territorial. Los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinarán a la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general o para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable, previo proceso de consulta pública en el municipio o municipios afectados, al objeto de contar con la participación de la ciudadanía a la hora de establecer o elegir los proyectos que se realizarán gracias al beneficio obtenido de la reversión de la concesión y, por tanto, de la generación hidroeléctrica pública.

 

6.-  El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra con capacidad suficiente para ello, a que se inicien los estudios correspondientes para la valoración económico-técnica de constitución de comercializadoras foral y locales que permita a la ciudadanía acceder al suministro eléctrico a través de una compañía pública de electricidad sumándose a los proyectos realizados por otros consistorios.

 

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra a que cualquier contratación pública de suministros de energía eléctrica, gas natural y agua que se realicen a partir de la fecha de aprobación de la presente moción se realicen con empresas que no hayan sido sancionadas por prácticas ilegales por el organismo regulador, para lo cual se incluirá dicha restricción en los correspondientes pliegos de contratación.

 

8.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra a que el suministro eléctrico que pudiera realizarse mientras tanto, exija en el pliego de condiciones la obligatoriedad de realizarse con energía 100% renovable a través del mecanismo de Garantías de Origen. 

Pamplona-Iruñea, 20 de enero de 2021

Marisa de Simón Caballero

Portavoz GP Mixto-IE