Alegan que esta planta choca de lleno con los
principios de la Directiva Marco de Residuos europea.
Registraron de forma conjunta las alegaciones
exigiendo al Gobierno de Navarra que no conceda la Autorización Ambiental
Integrada para dicha planta.
A comienzos del pasado mes
de febrero la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona (MCP) y su sociedad operativa Servicios de la Comarca de
Pamplona SA (SCPSA), solicitaron al Gobierno de Navarra la Autorización
Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de una gigantesca Planta de
Tratamiento de Residuos, los llamados “Residuos Sólidos Urbanos” (RSU), en el
Concejo de Imárcoain, a la vez que ponía a exposición pública durante 30 días
dicho proyecto.
Los tres partidos políticos han
presentado de forma conjunta alegaciones a este proyecto basadas en los
criterios que se señalan de forma breve a continuación.
En primer lugar porque choca
de lleno con los principios de la Directiva Marco de Residuos europea y las
Leyes y Planes de Residuos estatales y autonómicos basados en aquella, que
establecen las medidas y normas básicas para hacer frente a las repercusiones
negativas sobre el medio ambiente y la salud humana, provocadas por la
generación y gestión de los residuos, así como para mejorar el uso eficaz de
los recursos, que son cruciales para la transición a una economía circular. La
jerarquía para la gestión y el tratamiento de residuos dice, primero
Reducir-Prevenir, segundo Reutilizar, tercero Reciclar. Solo cuando no haya más
remedio y en 4º lugar Valorización energética (más conocida como
Biometanización e Incineración), y solo en último término, 5ª opción, Vertido.
El proyecto se plantea con un tratamiento mecánico-biológico (TMB) como opción
central, lo que indica desde el principio que apunta al 4º paso de la
jerarquía, biometanización, en detrimento del 3ª, el reciclaje.
En el proyecto se habla
mucho, y constantemente, de la “recogida selectiva” realizada por MCP-SCPSA
para llevar los residuos a la planta, pero es un completo engaño. La mayoría de
la población, no hace la “separación en origen” de las distintas fracciones de
los residuos, así es imposible que la recogida sea selectiva, y la prueba
palpable es que la fracción más numerosa es la de los contenedores de ‘Resto’,
83.400 toneladas en el año 2020, el 55% del total de los residuos producidos
ese año.
Se pretende construir una
planta de 54.000 m2,
ocupando una parcela de 107.000 m2,
para tratar todo tipo de residuos (salvo los de papel-cartón), lo que supone
una concentración de los
tratamientos exagerada, que incumple los principios de Proximidad y
Autosuficiencia.
La autosuficiencia invita a
que cada zona geográfica sea capaz de gestionar y tratar sus residuos, con la
mayor eficiencia material y energética, a la vez que con sistemas sencillos,
accesibles a la ciudadanía. Entendemos que no se están implantando las medidas
y campañas necesarias para conseguir una recogida selectiva eficaz. Por
ejemplo, campañas promoviendo poner en
marcha proyectos de producción de compost de forma individual, comunitario o en
pequeñas plantas o por ejemplo ir implantando poco a poco, como ya se hace en
otros países la recogida de vidrio en los lugares donde se adquieren; ejemplos
como los señalados son cruciales para la transición a una economía circular
No aparecen en el proyecto
informes o estudios sobre las graves consecuencias de esa centralización de
tratamientos en lo relativo a los costes del transporte necesario y sus efectos
en el medio ambiente. ¿Cómo se puede presentar un proyecto sin saber los
camiones necesarios y los kilómetros recorridos al año por toda la Comarca? ¿Es
que no cuentan los gases de efecto invernadero (GEI)?
Por estos motivos y otros
muchos que se señalan en las alegaciones presentadas, Podemos Ahal Dugu,
Izquierda Unida y Batzarre exige al Gobierno de Navarra que no conceda la Autorización
Ambiental Integrada para proyectar una planta de tratamiento de residuos en
Imárcoain.
