La respuesta de los gobiernos a la crisis financiera consistió en un primer momento en dar un apoyo millonario a la banca y al sector financiero. Ello ha supuesto que el sector público haya asumido gran parte de las pérdidas, haya aumentado de manera importante su deuda pública, y haya reducido su capacidad de inversión productiva, lo cual ha dificultado enormemente la salida de la crisis. Y, mientras tanto, se nos vende como inevitable el recorte de las pensiones, del gasto social o de los derechos laborales.

Desde Izquierda-Ezkerra por lo tanto queremos abrir la perspectiva de una salida de la crisis favorable a la mayoría social trabajadora.

Presentamos una alternativa económica, pero también una alternativa política, social, cultural e ideológica; una alternativa para la movilización, la acumulación de fuerzas, la participación y la regeneración democrática.

El nuevo modelo que proponemos tiene un carácter eminentemente social y por ello es incompatible con el neoliberalismo. Nuestro objetivo inmediato es equilibrar mercado y Estado, situando la determinación económica en el interés general, la creación de empleo estable y de calidad y el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental.

Apostamos por una reforma fiscal que suspenda los regalos fiscales regresivos y antisociales, para dedicar esas cuantías a la inversión real, al fortalecimiento del gasto social y al incremento del I+D+i, como mecanismo de creación de empleo y de defensa de unos servicios públicos de calidad.

Para ello es necesaria una reforma que se construya sobre:

- Una política fiscal basada en los impuestos directos frente a los indirectos.
- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.
- Introducción de medidas de fiscalidad ecológica que graven las actividades que perjudican el medio ambiente e incentive las que tengan efectos favorables sobre el mismo.

El alarmante y desigual reparto de los recursos del planeta, la severa crisis mundial y la amenaza del cambio climático, son indicios importantes que evidencian que el modelo económico productivo imperante hace aguas. La crisis, lejos de suponer una oportunidad de reflexión y un cambio de rumbo hacia una mayor justicia social y ambiental, ha aupado a los mercados que están imponiendo las agendas económicas y sociales obviando los intereses, las necesidades y los problemas de la población.

Ante esta situación, las personas tenemos mucho que decir; la cuestión es hacer uso de nuestras herramientas personales y colectivas. Ya hay una respuesta sólida que lleva años articulándose desde diferentes colectivos, redes y movimientos sociales: la economía solidaria y el consumo responsable. La economía solidaria es una alternativa al modelo económico imperante, siendo un instrumento de transformación social y de justicia, que fomenta un desarrollo sostenible y participativo. Por otro lado, el consumo responsable nos da la posibilidad de incidir en un modelo económico-social, convirtiéndonos así en protagonistas de un mundo hacia el cambio, optando por una moderación en nuestro consumo y por aquellos artículos o servicios que han sido producidos según criterios sociales y medioambientales (productos de comercio justo, ecológicos, de proximidad).

El Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. Los argumentos alarmistas del Gobierno son engañosos y carecen de rigor, por lo que tienen que recurrir a dos mitos falsos sobre las pensiones.

El principal es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. Este se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población. El Gobierno hace previsiones demográficas sin rigor: no se pueden hacer cálculos serios más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada pensionista, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada uno de ellos.

Los servicios públicos constituyen una de las bases del estado social que consagra nuestra Constitución y permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y gratuito; la existencia de bienes y servicios públicos resulta imprescindible para el desarrollo del conjunto de la actividad social, para la vida en sociedad. La consecución de estos servicios, factor de igualdad y solidaridad que permiten la cohesión social y representan un salario indirecto que beneficia sobre todo a los menos favorecidos, y que Iquierda-Ezkerra consideramos como derechos sociales fundamentales, ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía en los últimos dos siglos.

El modelo de Bienestar del Estado Español y también el navarro, se sustenta principalmente sobre los Sistemas Educativo y de Salud, así como el de Pensiones y las Prestaciones por Desempleo (bien sean ser contributivas o asistenciales) que se reconocen como derechos universales para la ciudadanía. Respecto a los servicios sociales, aunque se ha avanzado mucho en Navarra con la definición de la Cartera de Derechos Sociales, no se ha reconocido su universalidad, y lo que es casi tan importante, no se ha implantado, ni concretado el mapa de servicios a nivel general en todo el territorio. Por supuesto nadie cuestiona los servicios de suministro de agua, de energía, correos, u otros como los relativos a la cultura o el ocio.

La situación de crisis y el cómo se está gestionando en Navarra sus consecuencias y problemas derivados es una cuestión clave en nuestras propuestas para el área de bienestar social cuya misión (según el Plan Estratégico de SS SS de Navarra) es “cubrir las necesidades básicas de las personas y prioritariamente de las más vulnerables”. Por lo tanto nos proponemos responder también a las personas afectadas por las consecuencias de la ausencia de trabajo o malas condiciones laborales.

Además de esta respuesta a la crisis, la visión que orienta nuestra propuesta es la de desarrollar y mantener un sistema de servicios y prestaciones en Bienestar Social capaz de ofrecer la atención social con criterios de equidad a la sociedad Navarra y atender de manera eficiente las necesidades que se presenten conforme al derecho establecido, desde las Administraciones Públicas.

Aunque existe el reconocimiento de la calidad del sistema sanitario público de Navarra, las políticas desarrolladas en los últimos años están causando en él un impacto negativo.

Este deterioro de la sanidad pública se debe no sólo a la disminución del porcentaje de PIB destinado a la salud, sino también a la mala gestión de los fondos públicos. Durante los dos últimos períodos legislativos la atención del gobierno ha estado dirigida a las inversiones en obras sanitarias, sin un plan estratégico previo, desatendiendo la optimización de recursos asistenciales públicos y favoreciendo las cuentas de negocio de las empresas sanitarias privadas de la Comunidad Foral, mediante la derivación de pacientes, la falta de control de los costes de los servicios contratados y la adecuación de las estancias, entre otras cosas.

El feminismo es una de las señas de identidad de Izquierda-Ezkerra. Nuestro compromiso con el feminismo y la igualdad es irrenunciable. Por ello, intensificaremos nuestra exigencia de paridad efectiva en todos los ámbitos de representación social e institucional; la lucha contra la feminización de la pobreza, la discriminación social y la violencia de género. Nuestra perspectiva parte de que lo privado también es político, y por tanto, analizable desde lo público. Hay que corregir los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en todos los niveles, y luchar por la paridad efectiva tanto en el ámbito privado como en las distintas esferas de lo público (empleo, participación política, social, sindical, ocio, etc.).

Cualquier plan deberá contar necesariamente, entre otras cosas, con la complicidad de los hombres. Los planes no son contra ellos, sino con ellos y es necesaria la implicación de los hombres para lograr la igualdad puesto que hombres y mujeres formamos parte de la sociedad y ganando en igualdad ganamos toda la sociedad.

En los últimos años en Navarra observamos con preocupación una absoluta falta de planificación que tenga en cuenta las necesidades de los centros educativos públicos, que se hace patente en el crónico retraso del plan de obras de construcción y reforma de centros, la masificación en las aulas y la carencia de espacios y equipamientos para desarrollar la educación en unas condiciones de calidad exigibles. También es sangrante la congelación y disminución presupuestaria cuando las necesidades han ido en aumento.

Dos son las lenguas propias de Navarra, así lo recoge el Amejoramiento del Fuero y, en consecuencia, en el ámbito de lo público los ciudadanos navarros tienen derechos, y en algunos casos deberes, sobre el conocimiento y uso de ambas lenguas.

El euskera, lengua milenaria europea y patrimonio cultural universal, ha de ser un elemento de cohesión social en nuestra comunidad foral. Debemos defender, y defendemos, el desarrollo del euskara y la normalización lingüística mediante la intervención de los poderes públicos municipales y forales, que contribuyan a garantizar el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a conocerlo y a comunicarse libremente en él, tanto en el ámbito de la administración foral, como en cualesquiera otros ámbitos propios de la convivencia social.

Defendemos una política lingüística que promueva la recuperación y normalización del euskera en nuestra comunidad desde el respeto y ejercicio de la libertad de los ciudadanos, desde la no-discriminación por razón de lengua y desde la búsqueda del consenso y del acuerdo. Para ello, la mejor manera de conseguirlo es trabajar por un Pacto Social sobre por el Euskera que se elabore desde el respeto a la pluralidad de Navarra.

La actual crisis económica acentúa la imposibilidad de que el mercado de la promoción pueda resolver, vía compra-venta, la necesidad de un “techo” adecuado. Cada día hay más diferencia entre los ingresos económicos de la gente necesitada y lo que cuesta una vivienda en propiedad. Cada día hay más gente que no tiene ingresos suficientes para pagar una hipoteca y acceder a la compra de una vivienda, o que no puede pagar los abusivos precios de los alquileres; o que pierde su vivienda porque no puede hacer frente a la hipoteca que el banco, al que termia debiendo dinero, ha tasado por un valor muy superior al real.